Por Agencia el Universal | El Universal – vie, 13 ene 2012.
MÉXICO, D.F., enero 13 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación para verificar que se hayan respetado los derechos humanos de 70 guatemaltecos -11 mujeres, 14 hombres y 45 menores- durante un operativo de verificación realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, Tabasco.
De acuerdo con Organizaciones No Gubernamentales, el 9 de enero pasado personal de migración participó en un «desalojo» de 237 guatemaltecos que vivían en un campamento en Tenosique, y en la repatriación de 70 de ellos.
Aseguran que durante este operativo existieron irregularidades en el proceso y se violaron los derechos humanos de los migrantes.
Mientras que el INM dijo que el gobierno federal actúo por razones humanitarias en el rescate de las familias guatemaltecas ubicadas en el municipio tabasqueño desde el 23 de agosto pasado, tras ser desalojadas por la Policía Nacional Civil de su país al estar asentadas en la zona natural protegida de la Sierra del Lacandón.
La CNDH precisó que la verificación migratoria realizada en Tenosique no se notificó a la Comisión para que acudiera a dar fe de que no se vulneraran las garantías individuales de esas personas.
«Funcionarios de esta institución se entrevistaron con líderes de Organizaciones No Gubernamentales, recabaron testimonios en el sitio donde se realizó el operativo y se constituyeron en la estación migratoria en Tapachula, Chiapas», informó la CNDH en un comunicado.
Desde agosto del año pasado, por instrucción del presidente de la Comisión Raúl Plascencia, un equipo de visitadores adjuntos se trasladó a ese lugar para verificar el estado de las familias que se vieron obligadas a salir de su comunidad en Guatemala y se reubicaron en ese municipio.
«Las autoridades federal y estatal aceptaron las medidas cautelares solicitadas por el ombudsman con el objetivo de que se coordinaran con las instancias competentes para garantizar condiciones dignas a favor de los agraviados».
Sobre el operativo, la Comisión dijo se giraron oficios para que las autoridades que participaron informen de su actuación y dijo que permanecerá atenta para asegurar que se otorgue un trato digno.
Una vez integrado el expediente, el organismo emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
Amnistía pide investigar desalojo de guatemaltecos (El Universal | Martes 10 de Enero de 2012).
Ante el desalojo de desplazados guatemaltecos que desde hace cuatro meses se instalaron en un campamento en Tenosique, Tabasco, Amnistía Internacional exigió al gobierno mexicano que se respeten los derechos humanos de estas familias, y solicitó una investigación imparcial sobre el operativo que realizaron elementos de la Policía Federal y personal del Instituto Nacional de Migración (INM).
En un comunicado, la organización indicó que la información que recibió es que federales y funcionarios migratorios realizaron un operativo que «provocó pánico y más de 100 desplazados huyeron, escondiéndose al lado de la frontera en Guatemala».
Agregó que «al parecer, varias de las familias fueron divididas y al menos un niño de 10 años está separado de sus padres quienes fueron detenidos. Según testigos, los policías intentaron detener a niños y niñas para obligar a sus padres a rendirse, y al parecer los que escapaban fueron amenazados con un operativo más fuerte en el futuro próximo».
Al final 71 guatemaltecos fueron detenidos y quedaron a disposición de centro de detención de migrantes en Tapachula, Chiapas.
Para AI «es de grave preocupación que este operativo haya resultado en la división de familias y la desprotección de niños y niñas», y destacó que ante los compromisos de México en materia de derechos humanos «no se debe efectuar ninguna repatriación sin cumplir las normas internacionales de los derechos de los niños y las niñas».
La organización indicó también que «es fundamental que los detenidos tengan acceso a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que puedan corroborar sus circunstancias y verificar que sus derechos no hayan sido violados».
Notisistema Informa
Denuncian desalojo violento de migrantes refugiados en Tenosique (Notimex)
Ciudad de México.- Organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron presuntas violaciones a las garantías individuales de migrantes guatemaltecos refugiados en Tenosique, Tabasco, desde agosto y quienes fueron violentamente desalojados la víspera.
En un llamado de acción urgente para exigir que se respete la integridad física de los guatemaltecos, varias asociaciones denunciaron que durante el operativo policiaco se detuvo a niños para obligar a los padres a proceder como querían los policías.
La denuncia fue firmada por el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, el Equipo Indignación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
El documento que también signa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos” refiere la detención de al menos dos ciudadanos guatemaltecos, presuntamente conducidos a Tenosique, y un ciudadano español.
Las organizaciones señalan que los extranjeros fueron desalojados con lujo de violencia al amanecer del lunes 9 de enero del campamento en Tenosique, Tabasco, a donde llegaron el 23 de agosto del año pasado.
En esa fecha, los guatemaltecos fueron expulsados de forma violenta de la comunidad Nueva Esperanza, en Guatemala, a donde supuestamente no podían volver porque sus vidas corrían peligro.
El operativo fue encabezado “por una persona que se ostentó como Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración” e incluyó supuestos elementos federales, municipales y otros vestidos de civil, así como agentes del Ministerio Público de la Federación.
“Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidas rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas”, indicaron las organizaciones firmantes.
De hecho, el 19 de diciembre del año pasado autoridades mexicanas intentaron convencer a los extranjeros de regresar a su país, pero ellos pidieron esperar las negociaciones con sus autoridades para una posible reubicación antes de tomar ese paso.
El 4 de enero de este año, en una reunión entre autoridades y organizaciones encabezadas por Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, las autoridades mexicanas acordaron esperar.
Pero tras la acción policiaca “con miras a una posible deportación”, las organizaciones se dijeron preocupadas por los derechos humanos de los desplazados y reclamaron hechos de este tipo, luego del acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas por apoyar a las familias.
Por ello demandan urgentemente evitar repatriaciones, evitar operativos de este tipo, garantizar trato digno a los desplazados y a los detenidos, así como presentar a las personas cuyo paradero se desconoce.
Desalojo de familias guatemaltecas en Tenosique, Tabasco
Publicado por la RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS. “Todos los Derechos para Todas y Todos”. Fecha: 09/01/2012
El día 9 de enero a las 5 de la mañana fuerzas federales desalojaron a las familias de guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, violando con esto sus derechos humanos. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
En el operativo participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración. Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo. Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Se tiene conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.
Antecedentes:
El 23 de agosto, la comunidad de Nueva Esperanza fue obligada a abandonar sus tierras por miembros del ejército guatemalteco y la Policía Nacional. No recibió notificación previa del desalojo, ni tampoco un alojamiento alternativo. Las autoridades alegan que la comunidad tenía que ser desalojada de esas tierras porque se trata de una zona de protección medioambiental. Durante el desalojo, las casas, la escuela y la iglesia de la comunidad fueron incendiadas.
A consecuencia del desalojo, los 300 habitantes de la comunidad, entre los que se encuentran más de un centenar de niños y niñas y varias mujeres embarazadas, buscaron refugio al otro lado de la frontera con México, en la comunidad de Nuevo Progreso, estado de Tabasco.
Las negociaciones entre la comunidad y el gobierno guatemalteco han progresado lentamente. El gobierno, hasta ahora, ha ofrecido a la comunidad unas tierras mucho más pequeñas, y se ha negado a otorgarle indemnización por las tierras y los bienes perdidos.
INM desmiente desalojo violento de guatemaltecos en Tabasco 10 Enero, 2012 – Notimex
El Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán, desmintió que fuerzas federales desalojaran de manera violenta a 71 guatemaltecos asentados en una propiedad ejidal de Nuevo Progreso, municipio Tenosique, Tabasco, ya que en todo momento se preservaron sus derechos humanos.
Beltrán del Río dijo que el Gobierno Federal actúo por razones humanitarias en el rescate de las familias guatemaltecas ubicadas en el municipio tabasqueño desde el 23 de agosto, tras ser desalojadas por la Policía Nacional Civil de su país al estar asentadas en la zona natural protegida de la Sierra del Lacandón.
En entrevista con Notimex informó que el organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), prepara un informe detallado de la revisión migratoria que se hizo la víspera a los nacionales chapines, antes de ser trasladados a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, donde se encuentran.
«Es falso (el desalojo), fue una revisión migratoria que se realizó para definir su estatus migratorio en nuestro país. Ya se les había invitado
anteriormente, personalmente lo hice el 22 de diciembre y el pasado 3 de enero volví con el jefe de la Unidad de Gobierno de la Segob, a conminarlos a que regresen a Guatemala», explicó.
Dijo que el grupo compuesto por 15 hombres, 11 mujeres, así como 45 menores de edad, de los cuales 30 son varones y 15 mujeres, se encontraba en condiciones insalubres, en completo abandono y sin acceso a servicios básicos como agua, drenaje y luz, así como carentes de su calidad migratoria vigente.
Detalló que los guatemaltecos tenían incluso el ofrecimiento de su gobierno de que se fueran temporalmente a un albergue en una localidad ubicada en La Libertad, en un poblado denominado San Francisco.
Beltrán del Río aclaró que durante la revisión migratoria el grupo abordó los autobuses para ser trasladados a Tapachula, y en todo momento se cuidaron sus derechos humanos y el no separar a los integrantes de una familia, al recordar que la repatriación debe ser voluntaria, no forzada.
«Nosotros no podemos obligar a una persona a ser repatriada, eso debe ser voluntario, sobre todo con niños y mujeres, eso es absolutamente falso», recalcó.
Refirió que durante la revisión migratoria estuvo presente la Policía Federal «sin una sola arma», además participaron oficiales de Protección a la Infancia de los cuales la mayoría eran mujeres.
También participó personal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre otros organismos.
Beltrán aceptó que durante la revisión entre 20 y 30 chapines optaron por cruzar hacia su país, «pero nosotros no podíamos, ni nosotros ni nadie, ni la Policía Federal, actuar en terreno guatemalteco, definitivamente».
Precisó que se llevan a cabo las actuaciones migratorias para conocer sus datos generales y si van a solicitar refugio o desean ser repatriados a su país de origen.
El gobierno guatemalteco ha solicitado formalmente que en caso de haber repatriaciones éstas se lleven a cabo por Tecun Umán, porque ahí hay más personal e infraestructura y no por Talismán.
Respecto al llamado de diversas organizaciones de derechos humanos sobre los acontecimientos, el Comisionado agregó que «seguramente están mal informados, dado que las cosas no ocurrieron como ellos aseguran».
MIF
Pronunciamiento conjunto frente a las declaraciones de las autoridades en el desalojo de guatemaltecos en Tenosique, Tabasco Tenosique, Tabasco, a 10 de enero de 2012
Frente a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río, en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la fuerza contra algunos de ellos.
Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
– Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables
– Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país
-Condenamos cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal.
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán R
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano
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